Madrid .- La Guardia Civil desmanteló este miércoles en España a una red formada por cuatro mujeres, dos hermanas, y tres varones nicaragüenses, de una misma familia de entre 19 y 41 años. Este grupo contrataba a personas desde Nicaragua para obligarlos a cuidar ancianos en España, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia.
Según la Guardia Civil, los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas en el país, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban 1,000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa de turista limitada a 90 días.
Una vez en España, las víctimas se contactaban con un miembro de la misma red que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6,000 euros y que tenía que ser pagada en un corto plazo.
La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas. Les advertían de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.
A final de mes, las víctimas entregaban a la organización el 85 por ciento del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.
Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos les prestaban dinero a un 20 por ciento de intereses, lo que suponía que la «deuda» no disminuyese sino todo lo contrario, se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las víctimas más atadas a la organización.
La Guardia Civil identificó a un total de cincuenta mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750,000 euros.
Además, la red recibía productos básicos de primera necesidad de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria, sin embargo, la responsable del grupo se los vendía a sus víctimas a precios abusivos llegándoles a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.
Un grupo de víctimas fueron interceptadas en el aeropuerto de Madrid y las trasladaron a Logroño. La Guardia les informó de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico. EFE
